Ley 13004 - Santa Fe (Provincia de Santa Fe)

22 de Junio, 2012

Ley 13004 - 16 de febrero de 2012

RESUMEN: LEY DE TRANSICIÓN. SE ENTIENDE COMO PERÍODO DE TRANSICIÓN AL PLAZO DE TRES AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL PRIMER DÍA DE PLENA ENTRADA EN VIGENCIA DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL, LEY Nº 12.734.

TEXTO COMPLETO: LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE LEY :

CAPÍTULO I

PERÍODO DE TRANSICIÓN

ARTÍCULO 1.- Definición. Se entiende como período de transición al plazo de tres años contados a partir del primer día de plena entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, ley Nº 12.734.

ARTÍCULO 2.- Vigencia Nuevo Código Procesal Penal. Desde el día de plena entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, Ley Nº 12.734, el mismo se aplicará a todas las causas que tengan inicio a partir de dicha fecha, en las que intervendrán el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal. Las causas iniciadas con anterioridad seguirán rigiéndose por las disposiciones de la Ley Nº 6.740 y sus modificatorias.

No se podrán acumular subjetivamente causas que se hayan iniciado por el trámite previsto en la Ley Nº 6.740 y modificatorias con causas iniciadas mediante el trámite previsto en la Ley Nº 12.734; sin perjuicio de la aplicación de las reglas de unificación previstas en el artículo 58 del Código Penal.

Se entiende por fecha de inicio de una causa, aquella en la cual el hecho que la motiva llega a conocimiento de las autoridades provinciales con competencia para intervenir en su prevención o investigación penal preparatoria, sin importar la fecha de su comisión.

Artículo modificado por Ley 13231

CAPÍTULO II

SISTEMA DE CONCLUSIÓN DE CAUSAS

ARTÍCULO 3.- Definición. Se denomina Sistema de Conclusión de Causas al procedimiento establecido por esta ley para regular la adecuada finalización de todas las actuaciones iniciadas con anterioridad a la plena entrada en vigencia del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

ARTÍCULO 4.- Reglas. El Sistema de Conclusión de Causas se regirá por las reglas de celeridad, eficiencia, economía procesal, y tenderá a lograr el máximo nivel de resolución de conflictos.

ARTÍCULO 5.- Comité de Gestión de Conclusión de Causas. Se crea un Comité de Gestión de Conclusión de Causas, conformado por un Ministro de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Corte Suprema, un representante de cada Cámara de la Comisión Bicameral de Seguimiento Permanente del Proceso de Implementación y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos. La función única de este comité será promover y concretar los procedimientos necesarios para una gestión más . eficiente del Sistema de Conclusión de Causas iniciadas con anterioridad al comienzo del período de transición, sobre la base de los instrumentos procesales establecidos por la presente ley en el Capítulo siguiente.

ARTÍCULO 6.- Estructura Judicial de Conclusión de Causas. La Corte Suprema de Justicia deberá comunicar al Comité de Gestión de Conclusión de Causas, antes del 30 de abril de 2012, la Estructura Judicial de Conclusión de Causas, que deberá establecer:

a. Cuáles serán los órganos judiciales, Secretarios, Fiscales, Fiscales de Cámara, Defensores Generales, Defensores Generales de Cámara y demás estructuras que se abocarán a la tramitación exclusiva de causas iniciadas con anterioridad a la puesta en marcha del Nuevo Sistema.

b. Excepcionalmente y sólo cuando las circunstancias el caso lo justifiquen, cuáles serán los órganos judiciales que se destinarán a la tramitación simultánea de las causas mencionadas en el inciso anterior y las correspondientes al nuevo Sistema en lo que respecta a la competencia de investigación penal preparatoria y ejecución penal.

A fin de determinar la Estructura Judicial de Conclusión de Causas y el Cronograma de Traspaso establecido en la presente ley, se deberá observar lo siguiente:

1. El Procurador General deberá solicitar a los Fiscales de Cámara, Fiscales de Primera Instancia, Defensores Generales de las Cámaras de Apelación y Defensores Generales, que manifiesten su decisión de ser transferidos al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, en los términos de los artículos 14 y 15 respectivamente de la presente, o bien de continuar desempeñando funciones en el Sistema de Conclusión de Causas. Asimismo, deberá informar a la CorteSuprema de Justicia antes del 15 de marzo de 2012 el resultado de dicha consulta.

Cuando los fiscales y defensores sean subrogantes, deberá considerarse:

a. Si la subrogancia corresponde a una vacante transitoria no se aplica ninguna de las normas de la presente ley a quien se desempeñe en ese cargo;

b. Si la subrogancia corresponde a una vacante definitiva y al 31 de diciembre de 2011 se ha llamado a concurso, las normas se aplicarán a quien resulte designado de manera definitiva en dicho concurso;

c. Si la subrogancia corresponde a una vacante definitiva y al 31 de diciembre de 2011 no se ha llamado a concurso, las normas se aplicarán a quien ocupe el cargo considerando al subrogante como titular;

d. Si la subrogancia se designó luego del 31 de diciembre de 2011, no se aplica ninguna de sus normas a quien se desempeñe en ese cargo.

En los casos referidos en los puntos b y c los interesados tendrán 30 días desde que son designados en el cargo para ejercer las opciones previstas en esta ley y en las concordantes.

2. La Corte Suprema de Justicia deberá requerir antes del 15 de marzo de 2012 a los Secretarios que cumplen funciones en el fuero penal, excepto en materia de faltas y/o menores, que manifiesten su decisión de ser transferidos al Ministerio Público de la Acusación, al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, o a los Nuevos Tribunales Penales. Cuando los Secretarios sean subrogantes deberá considerarse:

a. Si la subrogancia corresponde a una vacante transitoria no se aplica ninguna de las normas de la presente ley a quien se desempeñe en ese cargo;

b. Si la subrogancia corresponde a una vacante definitiva y al 31 de diciembre de 2011 se ha llamado a concurso, las normas se aplicarán a quien resulte designado de manera definitiva en dicho concurso;

c. Si la subrogancia corresponde a una vacante definitiva y al 31 de diciembre de 2011 no se ha llamado a concurso, las normas se aplicarán a quien ocupe el cargo considerando al subrogante como titular;

d. Si la subrogancia se designó luego del 31 de diciembre de 2011, no se aplica ninguna de sus normas a quien se desempeñe en ese cargo.

En los casos referidos en los puntos b y c los interesados tendrán 30 días desde que son designados en el cargo para ejercer las opciones previstas en esta ley y en las concordantes.

3) La Corte Suprema de Justicia deberá requerir antes del 15 de marzo de 2012 a los Médicos Forenses y Peritos Oficiales manifiesten su decisión de ser transferidos al Ministerio Público de la Acusación, en los términos del artículo 18 de la presente, o de permanecer en el Sistema de Conclusión de Causas.

4) A fin de posibilitar el ejercicio del derecho de opción previsto en los arts. 16 y 17 de la presente Ley, la Corte Suprema de Justicia deberá comunicar inmediatamente al Sindicato de Empleados del Poder Judicial y al Personal Administrativo, de mantenimiento y producción y servicios generales que presten funciones en el fuero penal, los reglamentos y estructuras funcionales correspondientes al Ministerio Público de la Acusación, del Servicio Público Provincial de Defensa Penal y de las Oficinas de Gestión Judicial.

Artículo modificado por ley 13256. B.O: 02-03-2012

ARTÍCULO 6 bis.- Cronograma de Traspaso. La Corte Suprema de Justicia deberá determinar y comunicar al Comité de Gestión de Conclusión de Causas, antes del 30 de abril de 2012, el Cronograma de Traspaso de los órganos que integran la Estructura Judicial de Conclusión de Causas afectados al Sistema de Conclusión de Causas, de modo tal que al finalizar el período de transición éstos se encuentren disueltos o afectados exclusivamente a competencia que no sea de justicia penal, o transferidos al Nuevo Sistema, salvo lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 8 y en el siguiente párrafo.

El cronograma de traspaso del personal administrativo, de mantenimiento y producción y de servicios generales deberá ser presentado dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de opción previsto en los artículos 16 y 17 de la presente ley. Si dentro de dicho plazo el personal administrativo, de mantenimiento y producción y de servicios generales hubiera optado por ingresar al Ministerio Público de la Acusación o al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, y la Corte Suprema de Justicia los hubiera asignado al Sistema Judicial de Conclusión de Causas, al finalizar el período de transición o al disolverse el órgano judicial para el que fueron asignados, se hará efectiva la opción mencionada anteriormente.

El Cronograma de Traspaso podrá ser revisado y modificado cada seis meses por la CorteSuprema de Justicia, de oficio o a pedido del Procurador General según corresponda, y deberá considerar:

1. La lógica disminución de la carga de trabajo de los juzgados de instrucción, y de los correccionales en cuanto a su competencia de instrucción, en función de la progresiva conclusión de las causas del período de transición conforme las pautas establecidas en la presente ley;

2. La lógica disminución de la carga de trabajo respecto de causas iniciadas con anterioridad a la puesta en marcha del Nuevo Sistema de aquellos órganos judiciales con competencia para entender respecto de ambos sistemas;

3. La posibilidad que, disuelto un tribunal, otro órgano judicial quede a cargo de dos o más secretarias;

4. La posibilidad de traspaso de un órgano judicial al Nuevo Sistema sin la transferencia simultánea de la secretaría correspondiente;

5. La conveniencia de traspasar al Nuevo Sistema, en primer lugar, a aquellos órganos judiciales que hayan obtenido acuerdo en los términos del artículo 11 de la ley 12.912 y, una vez transferidos todos, continuar con los que hayan realizado el Programa de Capacitación previsto en el artículo 20 de la presente.

6. El lugar de asiento original de los magistrados que pasen al Nuevo Sistema en los respectivos distritos judiciales, el que deberá ser respetado, salvo conformidad expresa del interesado.

En todos los casos el traspaso de funcionarios y de personal administrativo, de mantenimiento y producción y de servicios generales al Ministerio Público de la Acusación o al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal implicará el correspondiente traspaso del cargo y de la partida presupuestaria a las mencionadas instituciones.”

Artículo incorporado por ley 13256. B.O.:02-03-2012

CAPÍTULO III

CUESTIONES PROCESALES

ARTÍCULO 7.- Normas aplicables. Las siguientes disposiciones serán aplicables a todas las causas penales iniciadas con anterioridad al plazo referido en el artículo 1 de la presente ley, según corresponda:

a) En aquellas causas que no se encuentren en la etapa de juicio serán aplicables los artículos 19 y 20 del Nuevo Código Procesal Penal, ley Nº 12734.

b) Aquellas causas que se encuentren en etapa de juicio sin que se haya dictado sentencia podrán ser concluidas mediante el procedimiento de juicio abreviado.

Podrá aplicarse también el procedimiento de suspensión del juicio a prueba sin la restricción prevista en el último párrafo del artículo 4 de la ley Nº 12912.

En ambos casos se aplicarán las normas respectivas del nuevo Código Procesal Penal - ley Nº 12734.

c) Tratándose de causas con imputado no individualizado, la investigación continuará por un plazo que no podrá superar los seis meses, vencido el cual deberán ser archivadas por resolución fundada.

En cuanto sea posible, se utilizarán los datos consignados en las actuaciones como fuente de bases de análisis criminal.

d) Tratándose de causas con imputado individualizado que no se encuentre privado de su libertad cautelarmente, previa notificación a la víctima o querellante si lo hubiere, si dentro de los seis meses posteriores al inicio del período de transición, el fiscal, la víctima o el querellante no instaren el proceso de ningún modo, se procederá al archivo de las mismas.

Luego de producido el archivo, y durante el período de transición, la víctima o el querellante, en su caso, podrá ejercer la acción penal a través del procedimiento de querella prevista para los delitos de acción privada solicitando desarchivo de la causa.

e) Si se tratara de causas con imputado individualizado y con pedido de captura, no declarado rebelde, las mismas deberán ser incluidas en un listado a confeccionar por los juzgados intervinientes, previa declaración de rebeldía, que deberá distribuirse a los responsables de la policía y a la fiscalía y publicarse en el sitio web del Poder Judicial durante el lapso de seis meses.

Transcurridos los seis (6) meses, de no haber mediado captura, las causas se archivarán sin más trámite, manteniéndose vigente el referido pedido de captura.

Si el imputado fuere habido luego del archivo, tanto el querellante como la fiscalía podrán solicitar el desarchivo de las actuaciones dentro de los treinta días de producida la captura;

f) Tratándose de causas con imputado declarado rebelde, las mismas deberán ser incluidas en un listado a confeccionar por los juzgados intervinientes, librándose pedido de captura, si correspondiera. Este listado deberá distribuirse a los responsables de la policía y a la fiscalía y publicarse en el sitio web del Poder Judicial durante el lapso de seis (6) meses.

Transcurridos los seis (6) meses, de no haber mediado captura, las causas se archivarán sin más trámite, manteniéndose vigente el referido pedido de captura.

Si el imputado fuere habido luego del archivo, tanto el querellante como la fiscalía podrán solicitar el desarchivo de las actuaciones dentro de los treinta días de efectuada la captura;

g) Si se tratara de causas con imputado individualizado sometido a medidas cautelares privativas de la libertad, las mismas seguirán siendo tramitadas según su estado durante el período de transición.

Los plazos de seis (6) meses previstos en este artículo comienzan desde el inicio del período establecido en el artículo 1 y cuando se hayan asignado efectivamente las causas a los jueces o subrogantes intervinientes..

ARTÍCULO 8.- Fin del período de transición. Todas las causas en las que, al día de finalización del período de transición, no haya habido decisión definitiva serán archivadas de pleno derecho, excepto los casos de querella por delito de acción privada, que continuarán según su estado. A partir de ese momento también cesarán de pleno derecho todas las medidas cautelares personales que se hubieran dispuesto en las causas que se archiven.

Tratándose de delitos de acción pública, hasta cuatro (4) meses antes de la finalización del período de transición, el querellante podrá solicitar que la causa en que fuera parte continúe según su estado, a tal efecto las víctimas individualizadas serán notificadas para hacer valer sus derechos. Si la fiscalía adhiere a su pedido, la causa se continuará con el mismo procedimiento. En caso contrario, deberá aplicarse el procedimiento de querella previsto para delitos de acción privada.

La fiscalía podrá solicitar hasta treinta (30) días corridos previos a la finalización del período de transición que no se archive la causa, en cuyo caso deberá continuar según su estado.

En todos los casos en que deban continuar causas luego de finalizado el período de transición, las mismas tramitarán ante los órganos judiciales del Sistema de Conclusión de Causas que la Corte Suprema de Justicia indique de acuerdo a un nuevo cronograma confeccionado a tal efecto.

ARTÍCULO 9.- Excepciones. Las disposiciones contenidas en el Artículo 7 de la presente ley no serán aplicables a las causas que tramiten por la presunta comisión de los delitos contemplados en el Artículo 5 de la ley Nº 12912, y aquellas en que se encuentren imputados funcionarios públicos por la presunta comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, las que continuarán según su estado incluso ante los órganos previstos en el último párrafo del artículo anterior.

ARTÍCULO 10.- Listas de Causas. Desde el comienzo del período de transición, todos los órganos judiciales encargados del Sistema de Conclusión de Causas deberán confeccionar mensualmente una lista en la que consten todas las causas que no hayan tenido actuación alguna en los últimos tres (3) meses, indicando cuál ha sido la última actuación. En las listas se hará constar el estado procesal de cada causa, si tiene o no imputado individualizado, si se han dictado y se encuentran vigentes medidas cautelares y en su caso cuáles; se deberá consignar además si el imputado se encuentra rebelde o con pedido de captura y desde qué fecha.

Las copias de dichas listas deberán ser remitidas mensualmente a cada uno de los miembros del Comité de Gestión de Conclusión de Causas.

ARTÍCULO 11.- Recursos. A partir del comienzo del período de transición, los recursos de apelaciones de todas las causas iniciadas con anterioridad se regirán por las disposiciones del Nuevo Código Procesal Penal, ley Nº 12734 y serán sustanciados ante los órganos dispuestos al efecto en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. En dichas causas el recurso de apelación sólo será admisible contra las sentencias definitivas y contra las resoluciones que causen un gravamen irreparable. .

Aquellas causas que previo al inicio del período de transición se encuentren radicadas en la Cámara de Apelaciones en lo Penal serán resueltas por la misma, siendo aplicables las disposiciones de la ley Nº 6740 o de la ley Nº 12734, según corresponda, debiendo respetarse la integración originaria.

CAPÍTULO IV

TRANSICIÓN DE MAGISTRADOS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL

ARTÍCULO 12.- Jueces de Cámara. Desde el inicio del período de transición los actuales Jueces de Cámara pasarán al Nuevo Sistema de Justicia Penal en sus respectivas sedes.

Sin perjuicio de ello y de lo dispuesto en el artículo anterior, los miembros de las Cámaras de Apelaciones en lo Penal deberán organizar los Colegios de Jueces de Cámara de las Circunscripciones a las que pertenezcan de conformidad con lo establecido por la ley 13018, hasta el límite de sus posibilidades, antes del 30 de abril de 2012. Asimismo, deberán organizar las Oficinas de Gestión Judicial pertinentes dentro de los 60 días de designados los respectivos Directores.

Artículo modificado por ley 13256. B.O: 02-03-2012.

ARTÍCULO 13.- Jueces penales de Primera Instancia. Mientras dure el plazo del artículo 1 los jueces penales de primera instancia que se encuentren en funciones al momento de su inicio continuarán en el Sistema Judicial de Conclusión de Causas conforme lo reglamente la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a los artículos 6 y 6 bis de la presente ley.

Sin perjuicio de ello y de las tareas que les son propias, deberán organizar los Colegios de Jueces de Primera Instancia de conformidad con lo establecido en la ley 13018, hasta el límite de sus posibilidades, dentro de los 60 días contados desde que la Corte Suprema de Justicia presente el cronograma previsto en el artículo 6 bis. Hasta la designación de su Director, las funciones de la Oficina de Gestión Judicial del Colegio de Jueces de Primera Instancia serán cumplimentadas por la Oficina de Gestión Judicial del Colegio de Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Circunscripción Judicial correspondiente.

Artículo modificado por ley 13256. B.O: 02-03-2012.

ARTÍCULO 13 bis.- Facultades de la Corte Suprema de Justicia. Hasta tanto se encuentren funcionado regularmente los Colegios de Jueces de Primera Instancia y de Cámara de Apelaciones en lo Penal con sus respectivas Oficinas de Gestión Judicial, la Corte Suprema de Justicia podrá realizar las tareas y cumplimentar las funciones administrativas y de gobierno correspondientes a dichos órganos que no estén cubiertas, y reglamentar todo lo necesario para su puesta en funcionamiento en pleno.

Artículo incorporado por ley 13256. B.O: 02-03-2012.

ARTÍCULO 14.- Fiscales de las Cámaras de Apelación y Fiscales de Primera Instancia. El Ministerio Público de la Acusación dictará un Programa Especial de Capacitación destinado a los Fiscales de las Cámaras de Apelación y Fiscales de Primera Instancia que hayan manifestado su voluntad de optar por ingresar a dicho organismo en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal. En su elaboración se deberá tomar en consideración el Cronograma de Traspaso establecido por la Corte Suprema de Justicia de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6 bis de la presente Ley.

Los Fiscales de las Cámaras de Apelación y Fiscales de Primera Instancia que opten por ingresar al Ministerio Público de la Acusación lo harán de conformidad con el Cronograma de Traspaso que establezca la Corte Suprema de Justicia de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 6 bis, y con la categoría de fiscales, conservando sus condiciones laborales y de equiparación presupuestaria.

Los cargos que ocupen dichas personas serán traspasados a la estructura del Ministerio Público de la Acusación.

Los Fiscales de las Cámaras de Apelación y Fiscales de Primera Instancia que resuelvan no acogerse a dicho esquema de traspaso continuarán integrando el Ministerio Público regulado por la Ley 10160 – Orgánica del Poder Judicial, conservando competencia para intervenir en materia penal sólo en relación a las causas iniciadas con anterioridad al período de transición.

Artículo modificado por ley 13256. B.O:02-03-2012.

ARTÍCULO 15.- Defensores Generales de las Cámaras de Apelación y Defensores Generales. El Servicio Público Provincial de Defensa Penal dictará un Programa Especial de Capacitación destinado a los Defensores Generales de las Cámaras de Apelación y Defensores Generales que hayan manifestado su voluntad de optar por ingresar a dicho organismo en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal. En su elaboración se deberá tomar en consideración el Cronograma de Traspaso establecido por la Corte Suprema de Justicia de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6 bis de la presente Ley.

Los Defensores Generales de las Cámaras de Apelación y Defensores Generales que opten por ingresar al Servicio Público Provincial de Defensa Penal lo harán de conformidad con el Cronograma de Traspaso que establezca la Corte Suprema de Justicia de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 6 bis, y con la categoría de defensores públicos, conservando sus condiciones laborales y de equiparación presupuestaria.

Los cargos que ocupen dichas personas serán traspasados a la estructura del Servicio Público Provincial de Defensa Penal.

Los Defensores Generales de las Cámaras de Apelación y Defensores Generales que resuelvan no acogerse a dicho esquema de traspaso continuarán integrando la Defensoría Pública conforme las disposiciones de la Ley 10160 – Orgánica del Poder Judicial, conservando competencia para intervenir en materia penal sólo en relación a las causas iniciadas con anterioridad al período de transición.

Artículo modificado por ley 13256. B.O:02-03-2012.

ARTÍCULO 16.- Traspaso de personal administrativo, de mantenimiento y producción y servicios generales que presten servicio en el fuero penal del Poder Judicial. El personal administrativo, de mantenimiento y producción y servicios generales que presten servicio en el fuero penal del Poder Judicial podrá optar por ingresar al Ministerio Público de la Acusación o al Servicio Público Provincial de Defensa Penal, bajo las condiciones establecidas vía reglamentaria por dichas instituciones. A fin de posibilitar el ejercicio de este derecho, el Fiscal General y el Defensor Provincial, respectivamente, deberán comunicar a la Corte Suprema de Justicia y al Sindicato de Empleados del Poder Judicial los reglamentos y las estructuras funcionales establecidas dentro de los cinco días en que fueren dictados.

La opción deberá efectuarse ante la Corte Suprema de Justicia dentro del plazo de 90 días contados desde dicha notificación al Sindicato de Empleados del Poder Judicial de los mencionados reglamentos y estructuras funcionales, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 6 inciso 4.

El Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, respectivamente, dictarán un Programa Especial de Capacitación destinado a quienes hayan manifestado su voluntad de ingresar a dichas instituciones.

Artículo modificado por Ley Nº 13256. B.O:02-03-2012.

Antecedente Ley Nº 13118. B.O.: 29-09-2010

ARTÍCULO 16 bis.- Acuerdo legislativo. Los fiscales de primera instancia, fiscales de las cámaras de apelación, los defensores generales y los defensores generales de las cámaras de apelación que ejerzan la opción prevista en los Artículos 14 y 15 de la Ley N° 13.004, para ingresar al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público Provincial de Defensa Penal, respectivamente, además de la capacitación prevista en dichos artículos, deberán contar con el acuerdo legislativo que prevén las Leyes Nros. 13.013 y 13.014.

A este efecto, la Corte Suprema de Justicia deberá recabar y remitir los antecedentes de los interesados al Poder Ejecutivo a los fines de la elaboración y envío de los pliegos de pedido de acuerdo para la designación a la Asamblea Legislativa.”

Artículo incorporado por Ley 13172. B.O.: 20-01-2010

ARTÍCULO 16 Ter.- Secretarios. Los secretarios de primera instancia y de cámara que presten servicios en el fuero penal y ejerzan la opción de ingresar al Ministerio Público de la Acusación o al Servicio Público Provincial de Defensa Penal lo harán como fiscales adjuntos o defensores públicos adjuntos, en la categoría afín al cargo que desempeñaban al ejercer la opción, garantizándose que no sufrirán merma en sus remuneraciones. Para ello deberán cumplimentar una programa especial de capacitación dictado por el Ministerio Público de la Acusación o por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, según corresponda, y con el acuerdo legislativo exigido en las Leyes 13.013 y 13.014, respectivamente.

A este último efecto, la Corte Suprema de Justicia deberá recabar y remitir los antecedentes de los interesados al Poder Ejecutivo a los fines de la elaboración y envío de los pliegos de pedido de acuerdo para la designación a la Asamblea Legislativa.

En estos casos el traspaso es con el cargo que se convertirá en el de fiscal adjunto o defensor adjunto, según corresponda.

Artículo modificado por Ley 13256. B.O:02-03-2012.

Artículo incorporado por Ley 13172. B.O.: 20-01-2010

ARTÍCULO 17.- Permanencia de empleados en el fuero penal del Poder Judicial. El personal administrativo, de mantenimiento y producción y servicios generales que no elijan ingresar al Ministerio Público de la Acusación o al Servicio Público Provincial de Defensa Penal, podrán optar por ingresar a las Oficinas de Gestión Judicial del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Ocuparán los cargos bajo las categorías establecidas por la Ley 11196, sin que se vea afectada su remuneración.

La opción deberá efectuarse dentro del plazo de 90 días contados desde la notificación al Sindicato de Empleados del Poder Judicial por parte de la Corte Suprema de Justicia de los reglamentos y estructuras funcionales de las Oficinas de Gestión Judicial correspondientes a su lugar de servicio, de conformidad con lo dispuesto por el art. 6 inciso 4 de la presente ley.

Los que no ingresen en dicho sistema, podrán ser asignados por la Corte Suprema de Justicia dentro de la estructura dispuesta para el Sistema de Conclusión de Causas previsto en esta ley.

Asimismo, aquellos que no ingresen en dicha estructura serán reasignados a otras oficinas del Poder Judicial, al igual que los del párrafo anterior, cuando finalice el período de transición, respetándose sus condiciones laborales.

Artículo modificado por Ley 13256. B.O.: 02-03-2012

ARTÍCULO 18.- Médicos Forenses del Poder Judicial y Peritos Oficiales. Los Médicos Forenses del Poder Judicial y los Peritos Oficiales que opten por ser trasferidos al Ministerio Público de la Acusación en el plazo establecido por el Artículo 6 inciso 3 deberán cumplimentar un programa de capacitación desarrollado por el Ministerio Público de la Acusación de conformidad con las disposiciones de la presente ley.

Los cargos que ocupen dichas personas serán traspasados a las estructuras del Ministerio Público de la Acusación en forma definitiva el día en que se inicie el Período de Transición.

Los funcionarios que opten por ingresar en dicho programa no verán afectada su remuneración y condiciones laborales y serán escalafonados dentro de la respectiva carrera, conforme a su categoría, debiéndose estar siempre a la condición más favorable al agente.

Los funcionarios que no opten por ingresar en dicho programa continuarán desempeñándose en el marco del Sistema de Conclusión de Causas. Finalizado el período de transición se reasignarán sus funciones, respetándose sus condiciones laborales.

Artículo modificado por Ley 13256. B.O.:

ARTÍCULO 19.- Cuerpo Médico Legal. Instalaciones. A partir del inicio del período de transición, la infraestructura, instalaciones y equipos del Cuerpo Médico Legal que correspondan al Poder Judicial serán transferidos al Ministerio Público de la Acusación.

ARTÍCULO 20.- Programa de Capacitación para el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Los jueces penales que no tengan el acuerdo previsto por la ley de Implementación N° 12912 deberán cumplir con un programa de capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal dictado por la Corte Suprema de Justicia. Esta capacitación será facultativa para los magistrados de segunda instancia y obligatoria para los de primera instancia.

Los Secretarios y el personal administrativo, de mantenimiento y producción y servicios generales que se desempeñen en el fuero penal del Poder Judicial y opten por prestar servicios en los Nuevos Tribunales Penales deberán participar de un programa de capacitación en el nuevo sistema, dictado por la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con las disposiciones de la presente ley.

Artículo modificado por Ley 13256. B.O:02-03-2012.

ARTÍCULO 21.- Comisión interinstitucional de capacitación. Los contenidos, modalidad, duración y cuerpo docente de los programas de capacitación establecidos en la presente ley deberán ser aprobados por una comisión interinstitucional constituida por un representante de la Corte Suprema de Justicia, un representante del Fiscal General, uno del Defensor Provincial, uno del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, uno por los Colegios de Abogados, uno por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, y uno por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial.

Artículo modificado por Ley 13256. B.O:02-03-2012.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 22.- Funciones penales. Ministerio Público. Ley Orgánica del Poder Judicial. Deróganse las siguientes normas de la ley Nº 10160 - Orgánica del Poder Judicial: los incisos 4, 5 y 6 del Artículo 134; 6, 7 y 9 del artículo 138; 1, 2, 3, 4, 5 y 8 del Artículo 142; 7, 11 y 12 del Artículo 145 y el Título III del Libro Segundo. Sin embargo, durante el período de transición y el que prevé el artículo 14 de la presente, continuarán vigentes únicamente a los fines de concluir las causas del viejo sistema.

.

ARTÍCULO 23.- Modifícase el inciso 6 del artículo 142 de la ley Nº 10160 - Orgánica del Poder Judicial, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 142:

“6.- Intervenir en las acciones de amparo

…”

Esta modificación comenzará a regir en la misma fecha de inicio del período de transición.

ARTÍCULO 24.- Plazo. Excepción. El plazo de finalización del período de transición establecido en la presente ley podrá ser prorrogado por un lapso de hasta seis (6) meses por decreto del Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO 25.- Comuníquese al Poder Ejecutivo

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

Firmado: Eduardo Alfredo Di Pollina - Presidente Cámara de Diputados

Griselda Tessio - Presidenta Cámara de Senadores

Lisandro Rudy Enrico - Secretario Parlamentario Cámara de Diputados

Diego A. Giuliano - Secretario Legislativo Cámara de Senadores

DECRETO Nº 1780

SANTA FE, “Cuna de la Constitución Nacional”, 29 SEP 2009

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

V I S T O :

La aprobación de la Ley que antecede Nº 13.004 efectuada por la H. Legislatura;

D E C R E T A :

Promúlgase como Ley del Estado, insértese en el Registro General de Leyes con el sello oficial, publíquese en el Boletín Oficial, cúmplase por todos a quienes corresponde observarla y hacerla observar.-

Firmado: Hermes Juan Binner

Héctor Superti

FUENTE: Sistema de Información de Normativas - Gobierno de Santa Fe.


Aclaración: Parte del contenido de este artículo fue recopilado de fuentes de acceso público. El principal objetivo del mismo es brindar un servicio. Por favor, si Ud. encuentra algún error o carencia en esta información, háganoslo saber así podemos mejorar el contenido del mismo.